El martes 5 de septiembre de 2017, el Procurador General Jeff Sessions anunció las intenciones de la Administración Trump de rescindir oficialmente el programa de Acción Diferida por Llegadas de Niñez (DACA), una Orden Ejecutiva de Obama de 2012 que ha aplazado las deportaciones para aquellos que llegaron a los Estados Unidos como jóvenes inmigrantes. Aunque la acción de la administración sobre DACA ha sido ampliamente aclamada en los medios como “anti-Dreamer”, “anti-inmigrante” e incluso “racista”, en realidad es probablemente la opción más pro-inmigrante que han elegido.

La gente comúnmente confunde el programa federal de Desarrollo, Socorro y Educación para Menores Extranjeros (Ley SOÑAR ) y el Programa de Acción Diferida por Llegadas de la Niñez o piensa que son iguales. Sin embargo, DACA es una Acción Ejecutiva tomada por el Presidente Obama en 2012, en respuesta al fracaso del Congreso para aprobar el Dream Act, que es la legislación bipartidista presentada por primera vez en el Congreso en 2001. Se pretende permitir a las personas que entraron en los Estados Unidos menores de 16 años, presumiblemente sin culpa propia y que cumplan otros requisitos, para convertirse en residentes legales permanentes en los Estados Unidos. Se ha reintroducido en el Congreso varias veces, incluyendo un gran empuje en 2010, que otra vez no tuvo éxito. Para aumentar la confusión, ambos grupos calificados han llegado a ser conocidos como “Soñadores”.

En respuesta al incumplimiento de la Ley SOÑAR, en 2012 el Presidente Obama implementó DACA a través de una orden ejecutiva, que permite a las personas que cumplen esencialmente los mismos requisitos que los establecidos en la Ley SOÑAR, estar protegidos contra la remoción y recibir la Autorización de Empleo renovable de dos años, lo que a su vez les permitiría recibir números de Seguro Social y licencias de conducir en todos los estados excepto en Nebraska. Aunque DACA proporciona presencia legal, no proporciona un estatus legal.

La cuestión que la administración Trump y muchos estados tienen con DACA no son los jóvenes inmigrantes que pretenden beneficiar sino la constitucionalidad de la implementación de DACA de Obama a través de la orden ejecutiva, evitando así el Congreso la decisión de no pasar la ley de los sueños. De hecho, prácticamente todos los que conocen el tema reconocen el importante beneficio que los 800.000 Soñadores están teniendo en nuestra economía al pagar el Seguro Social y la nómina y los impuestos sobre la renta, asistiendo a universidades, comprando, automóviles, condominios y similares. los jóvenes no han hecho nada malo.

Sin embargo, recientemente DACA ha sido amenazada con la terminación definitiva, no por la Administración Trump, sino por los Procuradores Generales de diez estados que le han dicho a Trump que si no revoca DACA para el 5 de septiembre de 2017, sera declarado inconstitucional. De hecho, esto no es una amenaza ociosa. No sólo la administración de Trump cree que DACA sería inconstitucional en los tribunales, la orden ejecutiva de Obama conocida como acción diferida para padres de americanos (DAPA), que era un intento de Obama para ampliar DACA por orden ejecutiva, ya se encontró a ser inconstitucional por el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, decisión que no fue revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En consecuencia, si Trump no revocaba DACA y se encontraba que era inconstitucional por parte de la Corte, los Soñadores se encontrarían en una situación muy difícil.

Por el contrario, si Trump revocara inmediatamente el DACA, 800.000 estudiantes, jóvenes profesionales y contribuyentes, todos los cuales ya han superado los controles de seguridad, se encontrarían en situación de ser removibles de Estados Unidos. Claramente, ninguna opción podría ser rasonablemente interpretada como beneficiando para los Soñadores.

Dicho esto, Trump, tomó la acción que tiene la mayoría y mejores posibilidades de beneficiar a los Soñadores. Al aplazar la revocación de DACA durante seis meses y presionar al Congreso para que apruebe un proyecto de ley en ese momento para hacer las protecciones temporales otorgadas a los Soñadores bajo DACA, permanente, el Presidente Trump ha elegido la opción más probable para evitar que un tribunal determine que DACA es inconstitucional colocando adecuadamente la cuestión en manos del Congreso para que se resuelva legalmente.

Finalmente, como una garantía adicional para los Soñadores, Trump ha declarado que, si el Congreso no resuelve este asunto dentro de seis meses, lo volverá a visitar en ese momento. En suma, la acción del Presidente Trump no debe causar que los Soñadores tengan miedo. Por el contrario, ahora tienen razones para ser optimistas acerca de su futuro en los Estados Unidos.

Joseph G. Cella, Esq.
ha estado practicando
Ley de Inmigración de los Estados Unidos desde 1993.
CELLA & ASSOCIATES, LLC

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